Cambio jurisprudencial delitos falsedad documental por simulación

A finales del año pasado la sentencia del caso Bárcenas del partido popular STS 1033/2024 del 14 de noviembre, desarrollo el nuevo criterio jurídico por el que los contratos y facturas falsas no constituyen delito de falsedad documental por simulación, contrario a lo que ya había establecido el alto tribunal en la STS 298/2024 del 8 de abril. Dichas conductas han dejado de ser punibles por la vía del deber de diferenciar entre los conceptos jurídicos de documento y contrato simulado .

Un contrato simulado es un documento que contiene una realidad negocial ficticia por expresa voluntad de las partes firmantes, por tanto, el documento es plenamente legítimo pues plasma lo que las partes han querido acordar. Por el contrario, un documento simulado plasma una realidad negocial no ajustada a la realidad y que deviene de la voluntad unilateral de la parte que lo manipula y elabora.

Realidad simulada del negocio jurídico

Por ejemplo, un contrato simulado de donación contiene elementos falsos pues su contenido no se ajusta totalmente a la realidad, pero no puede afirmase que sea un documento simulado en el sentido del art. 390.1.2 CP, pues como afirma el TS: “Este documento en sí es auténtico pues exterioriza lo que realmente han querido plasmar sus intervinientes. La falsedad es ideológica pues se ha hecho constar una realidad negocial simulada”. Pero el documento, como base que plasma las manifestaciones realizadas, no se ha fingido, por tanto, lo simulado es el contrato, más no el documento.

Caso contrario al anterior resulta si una de las partes aporta unilateralmente en un negocio jurídico un documento simulado o falso, porque lo hace a titulo individual de engañar, bien sea por alteración o simulación del documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial, o de manera que induzca a error a los demás sobre su autenticidad.

Recomendamos se asesore siempre de un abogado especialista para que le asista en la prevención y evitar problemas legales con este tipo de situaciones. Los negocios jurídicos siempre precisan de medidas preventivas tendentes a corroborar la autenticidad de toda la documentación implicada.